Una carta de respaldo al Gobierno Uribe de un antiuribista

Durante los últimos meses me ha sorprendido la lluvia de críticas que el Gobierno Uribe ha recibido. No puedo negar el alivio que siento al leer a reconocidos columnistas, cuando insisten en la necesidad de cambiar el rumbo de algunas de las políticas públicas que el Presidente Uribe y su equipo de gobierno han impulsado. Hago referencia a aquellos que en el pasado participaron de este gobierno, como de otros que desde su inicio han lanzado críticas desde la barrera. Sin embargo, creo que es necesario ser objetivo y reconocer los inmensos avances que nuestro país ha logrado en los últimos seis años, gracias a la tenacidad de nuestro primer mandatario, gústenos o no.

Primero quiero dejar claro por qué me considero “antiuribista”. Mi razón es más de “forma” que de “fondo”, o en otras palabras, más de “medios” que de “fines”. Creo que nadie puede negar la necesidad de fortalecer la seguridad y justicia como funciones fundamentales del Estado. Creo, personalmente, que el Estado debe jugar un rol activo en la regulación de los mercados, cuando estos presentan fallas y generan situaciones de inequidad y desigualdad. Así mismo, considero que el Estado, por delegación social, debe impulsar políticas de redistribución para aliviar la situación de pobreza de los más necesitados. Es decir, no puedo negar mi afinidad con los planteamientos del Presidente Uribe para solucionar los problemas que aquejan a nuestro país. Lo que no me gusta es la receta para aliviar la enfermedad; el tipo de políticas que se adoptó, ni mucho menos el estilo con que estas se implementaron. Creo en la tecnocracia, y de cierta manera, apoyo los famosos “carruseles”, que tanto criticó José Roberto Arango en su momento. Al fin y al cabo, el Estado debe ser administrado por expertos.

Pero eso no me da patente de corso para criticar lo bueno que este Gobierno ha hecho. Nadie puede negar el éxito de la política de seguridad democrática. Aunque todos los liberados digan que las FARC todavía son una amenaza, me permito recordar que ya es posible viajar por gran parte del territorio nacional, sin miedo a ser secuestrado. No quiere decir lo anterior que el país fue pacificado; para nada. Pero el Presidente logró que las Fuerzas Militares y la Policía asumieran su verdadero rol: prestar servicios de seguridad de manera eficiente. No me gusta, eso sí, que se hayan encarcelado campesinos inocentes, ni mucho menos apruebo los falsos positivos. Esas son las fallas que se presentan por el tipo de políticas adoptadas, es decir, la “forma”. Un sistema que premia el resultado y no el impacto genera incentivos negativos para lograr el “fin”. Diferente seria si desde un principio se hubiera adoptado un benchmark tal como “sentimiento de seguridad”, en vez de un indicador de éxito en términos de “dados de baja” o “reducción en homicidios”. Seguramente se hubieran evitado la violación de los derechos fundamentales de esos campesinos y no hubieran ocurrido las imperdonables muertes de jóvenes inocentes. Pero gústenos o no, hoy Colombia es un país más seguro.

Dicen que la infraestructura de transporte es deplorable. Si, es verdad, pero hay avances y grandes obras en marcha. Y debe aceptarse que el situación de la infraestructura de transporte no es problema de falta de intención ni de trabajo; es más un problema institucional. De una parte, los mismos inversionistas nacionales, a puerta cerrada, han aceptado que no saben estructurar grandes proyectos de infraestructura. No me refiero a una carretera de dos calzadas sino a verdaderos megaproyectos. Los inversionistas internacionales estarían dichosos a hacerse a un programa agresivo de concesiones en este país, si existiera seguridad jurídica en sus contratos. Pero valga la pena recordar, que las altas cortes, en su sublime sabiduría jurídica, han ayudado inmensamente a la tarea de crear ese sentimiento de inseguridad. Tampoco se pude negar la corrupción de algunas entidades del sector. Pero ese es el precio que nosotros los colombianos, y especialmente los empresarios, decidimos pagar por mejorar la “seguridad”. Elegimos a un Gobierno de coalición, que recoge a los mismos partidos políticos, y sus disidentes, que desde siempre han financiado sus maquinarias políticas con las arcas del Estado. Gústenos o no, hoy la infraestructura de transporte es mejor que hace seis años. Y podría ser mejor.

Otro punto de discordia y crítica generalizada es el proceso de paz con los paramilitares. Algunos afirman que esa negociación sólo sirvió a los intereses de los grandes terratenientes, y a uno que otro narcotraficante. Pero detrás de ellos existían alrededor de 18.000 combatientes que querían desmovilizarse (hombres y mujeres sin opciones de vida, al igual que muchos guerrilleros). El Gobierno, con su característica terquedad, sacó adelante la Ley de Justicia y Paz, la cual logró su desmovilización, incluyendo un periodo de privación de la libertad y condicionalidad sobre futuras actuaciones delictivas, que se hizo efectivo con la extradición de sus cabecillas. Considero que este es uno de los grandes aciertos de este gobierno. Sin embargo, el problema radica en que al Comisionado de Paz le encargaron negociar la “paz” pero no implementar un programa de “reinserción”. De este defecto nacieron muchos de los problemas actuales, particularmente, la reorganización de grupos paramilitares. De otra parte, los grupos de derechos humanos aciertan en reclamar la no condena de los delitos de lesa humanidad. Ese es un costo que asumiremos, en unos años, todos los colombianos, cuando la Corte Penal Internacional encuentre la forma de intervenir en el conflicto colombiano. Gústenos o no, hoy hay menos grupos paramilitares y menos masacres.

Y así podríamos repasar cada una de las políticas implementadas por Gobierno Uribe. De casi todas podríamos concluir que la intención fue buena pero la implementación perversa. Por eso insisto en que los “carruseles” no son tan malos, en contraposición a algunos administradores con ínfulas de doctorado en políticas públicas. Pero eso no justifica que los críticos de este Gobierno escondamos nuestras preferencias ideológicas en columnas subjetivas e insultos personales. Sería más conveniente que adoptáramos una actitud más objetiva y recomendáramos otras opciones para hacer las cosas, otra “forma”. Esta actitud es determinante para que en Colombia exista un verdadero debate político, bastante necesitado en la próxima contienda electoral.

Para cerrar insisto: soy antiuribista, no me gusta la “forma” en que este gobierno hace las cosas, pero reconozco sus avances y aplaudo la consecución de los fines, siempre y cuando se respete la democracia, la constitución, y los derechos humanos.